viernes, 2 de octubre de 2020

Consultas populares y la opinión de la SCJN

¿Por qué es tan grave que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya avalado la "constitucionalidad" de hacer una consulta ciudadana?

Trataré de explicarlo por partes. 

Nuestro Estado se sustenta en la división de 3 poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El poder Ejecutivo, ejercido por el Presidente, como dice la propia palabra "ejecuta" las leyes y reglamentos. No tiene el poder de crear las leyes, tampoco tiene el poder de juzgar. Estas atribuciones les pertenecen al Legislativo y Judicial, respectivamente. 

Los servidores públicos, léase presidente, diputados, senadores, etc, gozan de fuero político. Es decir, no pueden ser juzgados por delitos cometidos durante su gestión. 

A primera vista, puede parecer injusto. Después de todo, ¿cuántos casos de corrupción se han dado en el ámbito político y no son juzgados?. Pero al mismo tiempo, es una garantía. Porque si constantemente juzgáramos y pusiéramos en tela de duda a nuestras autoridades, podría generarse una cacería de brujas, encarcelar a cualquier opositor que no esté de acuerdo con el presidente, y en casos extremos, nuestra nación quedaría acéfala, es decir, sin ningún dirigente y sin nadie que represente legítimamente al pueblo. 

Por lo tanto, la Constitución prevé que si quisiera juzgarse a un político, primero tendría que someterse esa consulta AL CONGRESO DE LA UNIÓN. Ojo, lo escribí con letras mayúsculas porque para allá va la opinión. 

El Congreso de la Unión es quien determina si se desafuera al político y se le somete a juicio. Mientras tanto, no. 

Y aquí el Poder Judicial no tiene por qué meterse en esa decisión. El Poder Judicial sólo va a juzgar una vez que se le retire el fuero al servidor público, no antes. 

Como ven, todo esto es un protocolo legal que se tiene que seguir porque así lo estipula la Constitución y eso da certeza jurídica a nuestras instituciones. 

Pero ¿qué pasó entonces?

Bueno, en su afán populista, López Obrador puso sobre la mesa una propuesta para "hacer una consulta para ver si la gente está de acuerdo en juzgar a ex-presidentes por sus delitos". 

Hay que dividir esto en dos partes:

  1. Hacer una consulta
  2. Juzgar a ex-presidentes. 

La consulta es la forma, el juzgar ex-presidentes es el fondo. 

López Obrador eligió ese tema (juzgar ex-presidentes) porque es un tema muy popular, algo que el pueblo quiere desde hace mucho. Todos quisiéramos ver a Peña Nieto juzgado por lo de Ayotzinapan, a Felipe Calderón por sus víctimas en la guerra del narco y de ahí échele para atrás... 

Por lo tanto, ese tema no fue elegido al azar. El podía haber elegido cualquier otro tema. Pero eligió ese porque sabe que todos los mexicanos odiamos a los ex-presidentes. En pocas palabras, y como ya lo dije, es un tema popular. 

Aquí el problema es la forma. Las decisiones políticas de tal envergadura no se deben tomar con consultas populares porque eso le da facultades al poder Ejecutivo para tomar decisiones no basadas en lo que diga la Constitución ni el Congreso de la Unión, sino en lo que diga el pueblo con base al resultado de la consulta popular.

Y nosotros sabemos que el pueblo es fácilmente manipulable. Regálale una coca, un lonche y 100 pesos y te dirá que sí a todo. O peor aún, pueden falsificar firmas con tal de validar la mentada consulta. 

Si alguien quiere juzgar a un servidor público, esa decisión debería tomarse por los representantes que legítimamente elegimos mediante el voto, es decir, por los diputados y senadores. Porque ahí está representada nuestra voluntad, y ahí se garantiza la pluralidad de opiniones y se llega a un consenso. 

Pero ¿qué pasó ayer en la sesión de la SCJN? Bueno, pues votaron a favor de la constitucionalidad de las consultas públicas. 

Eso quiere decir que cada vez que el presidente no cuente con el apoyo del Congreso, lo que hará es crear consultas y juntar firmas, y con esas firmas validar su decisión. 

Hoy fue para juzgar ex-presidentes. 

¿Pero mañana, qué se le ocurrirá?